Por fin, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y su homólogo y también vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, firmaron un convenio para evitar la doble imposición y para garantizar el intercambio efectivo de información fiscal. Un pacto que deberá ser ratificado por los respectivos Parlamentos para que entre en vigor.
Panamá sigue los pasos de Andorra y de otros paraísos fiscales. En el caso de Andorra, el convenio permitió la entrada de entidades financieras del Principado en España, animando el alicaído y deprimido mercado de banca de gestión de patrimonios mediante la adquisición de firmas españolas, como el Banco Madrid (Kutxa). Y convierte a Panamá en una alternativa, aunque lejana, a Suiza, cuyo cambio en la normativa del secreto bancario intranquiliza a algunos españoles poseedores de grandes patrimonios, como contó CapitalMadrid.info el pasado sábado.
La eliminación de Panamá como paraíso fiscal facilitará las inversiones de empresas españolas, mejorará la repatriación de beneficios, ahorrará trámites y burocracia y reducirá el posible impacto reputacional, sobre todo para los bancos que tienen filiales de banca para ricos allí y que atienden fundamental pero no exclusivamente clientes de países latinoamericanos.
Sacyr, que ganó el megacontrato para la ampliación del Canal; FCC y ACS son algunas de las constructoras españolas con fuerte presencia en Panamá. No en vano, España es, a pesar de las trabas fiscales, el segundo país del mundo que más invierte en la nación centroamericana. Las constructoras tienen 9.400 millones de razones para hacerlo, ya que esa cifra es el presupuesto en euros que tiene el Gobierno de Panamá para inversiones públicas.
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